HISTOESTUDIANTES

LA DICTADURA URUGUAYA

(II)) La periodización de la dictadura por Gerardo Caetano y José Rilla en su "Breve historia de la dictadura".

 

La misma establece tres etapas:

1) La etapa de la dictadura "comisarial", entre 1973 y 1976;

2) la etapa del "ensayo fundacional", entre 1976 y 1980 y

3) la etapa de la dictadura "transaccional", entre 1980 y 1985.

Los contenidos más relevantes dentro de cada una de las etapas serían los siguientes:

1) La etapa comisarial retoma el nombre de una clasificación de Karl Schmitt para enfatizar la tarea de "poner la casa en orden", es decir, cumplir las funciones primarias de asegurar el orden público, ya no sólo orientando la represión contra los tupamaros y demás organizaciones de izquierda que reivindicaban la lucha armada sino contra el movimiento sindical y estudiantil, las organizaciones de la izquierda legal, la libertad de prensa y contra algunos sectores y líderes de los partidos tradicionales, especialmente, el sector de "Por la Patria" y su líder emblemático, Wilson Ferreira Aldunate.
Pero también lo clasificación de comisarial quiere significar el carácter transitorio con que, aparentemente, fue pensada la decisión del golpe de Estado y la instauración de una dictadura en el país en esta etapa inicial. Ante la situación "excepcional" de caos social sesentista una salida política transitoria o de "emergencia" que restableciera el orden y se extendiera, por lo menos, hasta las elecciones a realizarse en 1976. Pero esto cambiará drásticamente a partir de 1975.

2) La segunda etapa, el ensayo fundacional, se inicia luego de la crisis política y la destitución por los militares del dictador Juan María Bordaberry, el 12 de junio de 1976 y la suspensión de las elecciones previstas para noviembre de ese año. Luego del breve interinato del Dr. Alberto Demichelli, con la unción como dictador de Aparicio Méndez, un ex dirigente del Partido Nacional, a través de la aprobación de los Actos Institucionales (desde junio de 1976) y tras los primeros esbozos en público del "plan político" de las Fuerzas Armadas, puede decirse que los objetivos del régimen comienzan a pasar por la construcción de un nuevo y duradero orden político, como dice Luis Eduardo González, algo similar a una "democradura", en términos de Philippe Schmitter o, si se prefiere, una "democracia tutelada".
Hagamos dos aclaraciones importantes antes de continuar: a) se ha intentado caracterizar a las dictaduras de la región a partir del corte entre "conservadoras" y "fundacionales", atendiendo a si las mismas cumplieron la función meramente represiva de conservar el statu quo o si, además, impulsaron reformas modernizadoras, aperturistas y liberalizadoras de la economía, del Estado, las relaciones laborales y la legislación social. En el caso de Uruguay, se habla más de "ensayo fundacional" que de dictadura "fundacional", queriendo enfatizar que la misma tuvo más un carácter represivo-conservador que innovador-modernizador, mientras que en Chile, por ejemplo, se habla más de dictadura fundacional; b) El segundo hecho a señalar es que, si bien esta etapa que va entre 1975 y 1980 contempla objetivos fundacionales, la dictadura igualmente incrementó en el período su función represivo-comisarial, dado que entre fines de 1975 y 1978, como veremos, se concentraron los mayores crímenes del terrorismo de Estado.

3) La etapa transicional que va de noviembre de 1980 a marzo de 1985. En ella, la dictadura buscó el apoyo de la ciudadanía para legitimar el régimen a través de plebiscitar su constitución. Su derrota en el plebiscito de noviembre de 1980, así como el reconocimiento de dicha derrota por los militares, abrió la tercera etapa. Esta etapa transicional, en líneas generales, fue una liberalización pactada del régimen en la que los partidos políticos y la sociedad civil retomaron un rol protagónico y, con marchas y contramarchas en las negociaciones entre políticos y militares, finalmente, se llegó a una apertura democrática, a elecciones con proscripciones, en noviembre de 1984.

(III) La dictadura como régimen político-estatal.
           
a) La nueva institucionalidad, juridicidad y búsqueda de legitimidad del régimen.

Hay que tener en cuenta que el fenómeno de la dictadura no es un fenómeno personalizado sino institucional, y que ello implica, entre otras cosas, la configuración de una nueva forma de Estado y legalidad
que va surgiendo a partir de la destrucción de las viejas formas sujetas a derecho y la aparición de nuevos órganos políticos, militares y administrativos, con sus autoridades, burocracia y presupuesto correspondientes, tras la aprobación de una serie de decretos, actos institucionales y resoluciones que van siendo pautados en el tiempo a través de Cronogramas.
En el marco de esas leyes y decretos justificados por la lucha antisubversiva, un factor importante de esta nueva configuración dictatorial del Estado será la institucionalización y legalización del proceso de autonomización de las FF.AA. y la aparición de órganos mixtos de coordinación entre el poder militar y el poder político. Parte de esa nueva institucionalidad y legalidad se conforma antes del golpe de Estado.

A modo simplemente de ejemplo, el Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) surge por Decreto Nº 163 de 23 de febrero de 1973 y la Junta de Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y el Estado Mayor Conjunto (ESMACO) por Decreto Nº 239 de 3 de abril de 1973.
Un momento importante en este proceso de institucionalización del poder militar es la sanción de la nueva ley Orgánica Militar, en 1974, que explicita la competencia de las Fuerzas Armadas (la "misión" de las mismas) en materia de "seguridad nacional". OTRAS: SID, JJCCJJ,
Desde el punto de vista de las estructuras estatales propiamente dichas, en el mismo decreto Nº 464 de disolución del Parlamento (que también disuelve las Juntas Departamentales en todo el país), el 27 de junio de 1973, se crea el Consejo de Estado con funciones sustitutivas de la Asamblea General, aunque su instalación recién se producirá el 19 de diciembre del mismo año, presidido por un político, Martín Echegoyen. El Consejo de la Nación, por su parte, surgirá el 12 de junio de 1976, tras la aprobación del Acto institucional Nº 2 y estará integrado por los 25 consejeros de Estado y los 24 militares de la Junta de Oficiales Generales.

Los cónclaves gubernamentales, empezando por el de San Miguel, en agosto de 1973, serán parte de esa nueva institucionalidad pensada para el tema del "desarrollo" del país.
Entre 1976 y 1984 se aprobaron un total de 20 Actos institucionales, que van fuertemente modificando y creando una nueva institucionalidad: desde el funcionamiento del Poder Ejecutivo, pasando por la suspensión de derechos políticos por 15 años a miles de políticos, la forma en que el Estado uruguayo reconoce el tema de los derechos humanos, la intervención de la Corte Electoral, la amovilidad de los funcionarios públicos, la reforma de la seguridad social y la eliminación de la independencia del Poder Judicial, el rebajamiento de la Suprema Corte de Justicia a Corte de Justicia y la creación del Ministerio de Justicia, entre otras grandes modificaciones.
Renglón aparte en esta reestructura autoritaria del aparato de Estado es la justificación de la intervención de la Justicia Militar y la aplicación del Código Penal Militar en el juzgamiento de civiles, con el consiguiente aumento de las penas y figuras delictivas. La aprobación de la Ley de Seguridad del Estado y el orden interno, antes del golpe de Estado, en 1972, será decisiva para institucionalizar este cambio.

Respecto a la represión a los sindicatos, mencionemos sólo a modo de ejemplo: la ilegalización de la Convención Nacional de Trabajadores, el ……….., el requerimiento público de todos sus dirigentes y la Ley de Asociaciones Profesionales que se aprueba el 12 de mayo de 1981; respecto a los partidos políticos, la Ley de Estatuto de los Partidos Políticos, que es aprobada por el Consejo de Estado el 31 de junio de 1982, autorizando el funcionamiento del Partido Colorado, Partido Nacional y Unión Cívica y prohibiendo el funcionamiento de partidos que por su denominación ideológica denoten conexiones con partidos extranjeros así como de aquellos que inciten a la violencia. Toda esta "legalidad" e institucionalidad del régimen fue compendiada en 58 artículos que forman parte del proyecto de Constitución aprobado por la Asamblea Constituyente, el 28 de octubre de 1980, proyecto al que la ciudadanía dijo ¡No! en el plebiscito del 30 de noviembre del año '80.

b) La represión. Como hemos dicho, una de las
características distintivas de las dictaduras instaladas en el Cono Sur de América Latina en los años '60 y '70 del siglo pasado es la represión a gran escala, el carácter masivo y serial de la misma, dirigida a grandes colectivos humanos y a la vigilancia de la población en su conjunto. La autodenominada para el Estado "guerra interna", define un tipo particular de guerra que el mismo Estado declara a sectores particularizados, estigmatizados y penalizados dentro de la propia sociedad uruguaya, es decir, "hermanos de sangre", conciudadanos que pasan a ser considerados como "enemigos internos".
La identificación del "enemigo interno" como "delincuente común", tiende a equiparar la guerra contra la subversión a la "lucha contra el hampa". Y, a través de ello, borrar los parámetros convencionales y hasta éticos del enfrentamiento bélico convencional. Esta "policialización" de la guerra y de las funciones de las Fuerzas Armadas permite la transformación de la "guerra interna" en "guerra sucia" (sobre todo entre fines de 1975 y 1978), la segunda etapa o transformación del régimen en verdadero "terrorismo de Estado".   
Por eso mismo, entre otros indicadores, el gobierno uruguayo de la época no respetará las Convenciones internacionales de Ginebra que había firmado para el tratamiento de prisioneros de guerra, a quienes trata como simples delincuentes comunes.

La represión se desenvuelve ininterrumpidamente entre 1973 y 1985, pero es avanzada por la represión desplegada por el Estado uruguayo en los años '60 y principios de los '70, bajo medidas prontas de seguridad, militarización de obreros, bancarios y funcionarios públicos y hasta suspensión temporaria de garantías individuales. Entre 1973 y 1974, el eje represivo es el movimiento sindical nucleado en la CNT, que había organizado la huelga general y continuaba con la campaña por la re afiliación sindical. En 1974 hay una importante represión a miembros del MLN que habían reingresado a Uruguay, y también en Buenos Aires. Desde el 20 de octubre de 1975 y hasta marzo de 1976, se desarrolla la Operación "300 Carlos", la detención de más de 300 integrantes del Partido Comunista y la Unión de la Juventud Comunista en el centro clandestino de reclusión conocido como la "Casa de Punta Gorda" o "Infierno Chico", en Rambla República de México, y en los galpones del Servicio de Material y Armamento del Ejército, a los fondos del Batallón Nº 13.
Desde abril, y particularmente entre junio-julio de 1976, tiene lugar la represión en Buenos Aires y en el centro clandestino de reclusión "Automotoras Orletti" del Partido por la Victoria del Pueblo; en setiembre-diciembre del mismo año transcurre la segunda oleada contra el PVP. Aquí debemos considerar la desaparición de más de 22 militantes, traídos desde Argentina en forma clandestina en el llamado "Segundo vuelo", sin poderse determinar aún su destino final. También en el año 1976 se producirá el secuestro y muerte de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz en Buenos Aires así como del matrimonio integrado por los ex miembros del MLN (tendencia "Nuevo Tiempo"): Rosario Barredo y William Whitelaw y, un día antes, la desaparición del dirigente comunista, Dr. Manuel Liberoff.  También 1976 será el año de la aparición de más de 20 cadáveres mutilados en distintos puntos de la costa uruguaya; la detención, secuestro en la Embajada de Venezuela y desaparición de la maestra Elena Quinteros así como el secuestro, traslado desde Buenos Aires y desaparición de  María Claudia García de Gelman, y apropiación de su hija recién nacida Macarena.

El año 1977 es la ofensiva represiva con su secuela de desaparecidos contra los Grupos de Acción Unificadora (GAU) en Montevideo y Buenos Aires y, en esta última ciudad, también contra los integrantes de las Agrupaciones de Militantes Socialistas, del MLN, y del Partido Comunista Revolucionario, integrantes de la Unión Artiguista de Liberación (UAL). En 1979, 1981-1982 y 1983, se sucederán oleadas represivas contra el Partido Comunista y la Unión de la Juventud Comunista, así como contra dirigentes del Plenario Intersindical de los Trabajadores (PIT); también contra el Partido Nacional, especialmente contra su grupo mayoritario "Por la Patria" y su líder Wilson Ferreira Aldunate, encarcelado en un cuartel cuando regresa al país desde Buenos Aires.